Rodolfo Páramo es médico pediatra radicado en el norte de la céntrica provincia de Santa Fe. Jubilado de su profesión, sigue activo en la difusión de los efectos del glifosato, el herbicida fabricado por la transnacional estadunidense Monsanto, utilizado para fumigar las plantaciones de soja transgénica que en Argentina cubren ya una superficie de más de 17 millones de hectáreas.

Junto a integrantes de diversos grupos de vecinos que intentan frenar las fumigaciones en sus pueblos, Páramo recorre el país dando charlas y conferencias o participando en encuentros sobre el tema. A mediados de marzo se dio a conocer un fallo dictado en diciembre por la Justicia de Santa Fe que prohíbe las fumigaciones con glifosato a menos de 800 metros de viviendas familiares.

Juan Nicastro, colaborador de Noticias Aliadas, dialogó con Páramo en el marco del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, provincia de Córdoba, realizado del 20 al 31 de enero, ámbito elegido para una nueva campaña de concientización sobre el daño a la salud que producen los agrotóxicos.

¿Cómo descubrió los efectos de los herbicidas?

Luego de siete años de trabajo en el servicio de neonatología del Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, me trasladé a la localidad de Mal Abrigo, en el norte de la provincia, donde me dediqué a clínica pediátrica. Allá por los años 1994 y 1995, comenzamos a ver nacimientos con malformaciones, sobre todo del neuroeje, desde el cerebro hasta la columna vertebral. A nivel cerebral, anencefalia, es decir, falta de cerebro.Y a nivel de la columna vertebral, falta de cerramiento en algunos lugares, principalmente a nivel cervical y lumbo-sacro, quedando la médula expuesta al exterior.

Mal Abrigo tiene unos 10,000 habitantes y de 15 a 20 partos por mes. En un año tuvimos 12 niños nacidos por malformaciones, una tasa altísima. En Santa Fe teníamos lo normal: un caso de malformación congénita cada 8,500 a 10,000 nacimientos vivos. En Mal Abrigo la cifra era de terror. Comenzamos a investigar. Yo planteaba que había en el ambiente una sustancia que inhibía al ácido fólico, que es el protector para evitar las malformaciones en el sistema nervioso. Esto me llevó a averiguar qué producto se estaba utilizando en el campo.

Corrían los años 1994, 1995. Recién en enero de 1996, Felipe Solá, subsecretario de Agricultura del gobierno del ex presidente Carlos Menem [1989-99], autorizó formalmente la siembra de soja transgénica RR Roundup Ready, resistente al herbicida Roundup, el glifosato de Monsanto. Pero observen que [la transnacional suiza] Syngenta venía vendiendo en la zona la soja de Monsanto, antes de la autorización nacional, de contrabando, y utilizaba el Roundup.

Yo seguía investigando, hablaba con ingenieros agrónomos, en una época en que las arañas —o mosquitos, como les llaman en otros lugares [vehículo cuyo diseño lo asemeja a una gran araña o insecto]— terminaban de fumigar en el campo y entraban chorreando los productos químicos por las calles del pueblo. Eso en muchos lugares sigue ocurriendo. Otras localidades, como en este caso el gobierno de Mal Abrigo, prohibieron el acopio y la introducción o circulación de los mosquitos o arañas dentro del perímetro urbano del pueblo. Y como por arte de magia, empezaron a disminuir las malformaciones en los recién nacidos.

Pero comenzaron a resaltarse los casos de cáncer, sobre todo en personas jóvenes, que no respondían a los tratamientos anticancerosos habituales, y de rápida evolución.

¿Hay antecedentes de efectos nocivos en otros lugares del mundo?

Muchos. Recordemos que hace más de 20 años, en Bophal, India, por mal manejo de los empleados de la [transnacional estadunidense] Union Carbide, un químico que estaban produciendo se desparramó en el ambiente y en menos de 10 minutos hubo 20,000 muertos, y actualmente se siguen sufriendo secuelas.

Al principio, a mí me consideraban loco, el que venía a molestar. Cerca del 2000 logramos que un juez, con sentencia judicial, con elementos científicos, sacara los silos de cereales del centro de Mal Abrigo, demostrando que en el ámbito urbano son desastrosos para la comunidad. Mientras yo trabajaba en la ciudad de Santa Fe, no vi la cantidad de chicos con problemas respiratorios que vi en Mal Abrigo. Allí había polución ambiental, porque ventean los cereales para secarlos, pero al mismo tiempo están sacando al aire sustancias que están en la cobertura de esa semilla. El herbicida está.

La Universidad Nacional del Litoral [en Santa Fe] desde el año 1997 venía haciendo un estudio, publicado el año pasado, que demostró que hay concentraciones de glifosato en el grano verde y en el grano maduro de la soja. Y que el glifosato pasa a todo lo que sea acuoso. Además, cuando se estudió el aceite de soja, se encontraron residuos del insecticida endosulfan, altamente tóxico; tal es así que a partir de este año la transnacional alemana Bayer lo retirará de la venta en Argentina.

¿El glifosato mata todo menos la soja?

Casi todo. En EEUU tuvieron que abandonar campos, unas 5,000 Ha, porque apareció lo que consideraron una nueva maleza, maldita para ellos, bendita para nosotros, el amaranto, cereal que es la base nutricional de los pueblos originarios de la América andina para mantenerse fuertes y sanos. Y no pueden destruirla con ningún herbicida. El nuevo enemigo de Monsanto es el amaranto.

¿Cuál cree que es el modo más eficaz de enfrentar esta situación?

Que la gente tome conciencia. Hay muchísimos productos hechos con esta soja, cada vez más. Yo estudié en una universidad pública, y tengo la obligación de devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio a través de esa enseñanza gratuita que recibí. Mi educación la pagó la gente. Y si yo, como profesional, veo que hay algo que es ignorado pero que está matando gente, tengo que reaccionar, estudiar y difundir. Y el glifosato no mata sólo la vida humana, mata las bacterias y los hongos de la tierra. Mata la pachamama. Y no me lo contaron, lo viví.

Fuente: Rebelión

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), respalda la decisión de la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) que propondrá a una asamblea de trabajadores de esa entidad la expulsión de un afiliado que actuó como personal civil de inteligencia del Ejército, durante la última dictadura cívico-militar, de acuerdo con la reciente desclasificación de documentos del terrorismo de Estado efectuada por Presidencia de la Nación.

Se trata de Carlos Rafael “el Chino” Cenoz, quien actualmente se desempeña como periodista en Reconquista y, según denuncia la APSF, aparece en una extensa nómina de agentes secretos, represores, profesores universitarios, familiares de militares e informantes que integraron la lista de 4.300 miembros del personal civil de inteligencia (PCI) del temible batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura.

Cabe recordar que el 601 fue el “cerebro” de la represión ilegal motorizada desde el Ejército, dependiendo directamente de la Jefatura II y no de los comandantes de cuerpo. El Ejército entregó en noviembre a la ministra de Defensa, Nilda Garré, la lista que se desclasificó a través del decreto del Poder Ejecutivo Nº 4/2010.

En los argumentos expuestos por la conducción del gremio de periodistas que encabeza Pablo Jiménez, se menciona que ese batallón “fue uno de los engranajes más destacados en la maquinaria ilegal que fue responsable de la desaparición y asesinato de 30.000 personas, entre ellos más de 100 trabajadores de prensa”.

Asimismo, en los considerandos de la resolución se señala que el artículo 1 del Estatuto de la APSF afirma que uno de sus objetivos institucionales es “defender el ejercicio de la libertad de expresión, los principios universales de la ética y las leyes constitucionales del país”. En ese sentido, la Comisión Directiva cita el artículo 8, que refiere a la obligación de los afiliados de “velar por el buen nombre de la Asociación.

Finalmente, la Comisión Directiva de la APSF indica que el artículo 33 del Estatuto la obliga a cumplir y hacer cumplir ese marco legal, y recuerda que los artículos 13 y 17 facultan a la conducción gremial a aplicar las medidas necesarias para preservarla de aquellas acciones de sus afiliados que “la comprometan y le causen un perjuicio”.

De acuerdo al Estatuto de la entidad, la expulsión de Cenoz, afiliado 2476 de la APSF, deberá decidirse en Asamblea de afiliados al gremio a desarrollarse en los próximos días. De concretarse su separación del sindicato, ésta sería la primera exclusión de un periodista de su asociación por hechos intrínsecamente relacionados con la violación a los derechos humanos.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)

Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP)

Gustavo Granero, Secretario general

José Insaurralde, Secretario adjunto

Osvaldo Couceiro, Secretario de Organización

Analía Freund, Secretaria de derechos humanos