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La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), respalda la decisión de la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) que propondrá a una asamblea de trabajadores de esa entidad la expulsión de un afiliado que actuó como personal civil de inteligencia del Ejército, durante la última dictadura cívico-militar, de acuerdo con la reciente desclasificación de documentos del terrorismo de Estado efectuada por Presidencia de la Nación.

Se trata de Carlos Rafael “el Chino” Cenoz, quien actualmente se desempeña como periodista en Reconquista y, según denuncia la APSF, aparece en una extensa nómina de agentes secretos, represores, profesores universitarios, familiares de militares e informantes que integraron la lista de 4.300 miembros del personal civil de inteligencia (PCI) del temible batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura.

Cabe recordar que el 601 fue el “cerebro” de la represión ilegal motorizada desde el Ejército, dependiendo directamente de la Jefatura II y no de los comandantes de cuerpo. El Ejército entregó en noviembre a la ministra de Defensa, Nilda Garré, la lista que se desclasificó a través del decreto del Poder Ejecutivo Nº 4/2010.

En los argumentos expuestos por la conducción del gremio de periodistas que encabeza Pablo Jiménez, se menciona que ese batallón “fue uno de los engranajes más destacados en la maquinaria ilegal que fue responsable de la desaparición y asesinato de 30.000 personas, entre ellos más de 100 trabajadores de prensa”.

Asimismo, en los considerandos de la resolución se señala que el artículo 1 del Estatuto de la APSF afirma que uno de sus objetivos institucionales es “defender el ejercicio de la libertad de expresión, los principios universales de la ética y las leyes constitucionales del país”. En ese sentido, la Comisión Directiva cita el artículo 8, que refiere a la obligación de los afiliados de “velar por el buen nombre de la Asociación.
Finalmente, la Comisión Directiva de la APSF indica que el artículo 33 del Estatuto la obliga a cumplir y hacer cumplir ese marco legal, y recuerda que los artículos 13 y 17 facultan a la conducción gremial a aplicar las medidas necesarias para preservarla de aquellas acciones de sus afiliados que “la comprometan y le causen un perjuicio”.

De acuerdo al Estatuto de la entidad, la expulsión de Cenoz, afiliado 2476 de la APSF, deberá decidirse en Asamblea de afiliados al gremio a desarrollarse en los próximos días. De concretarse su separación del sindicato, ésta sería la primera exclusión de un periodista de su asociación por hechos intrínsecamente relacionados con la violación a los derechos humanos.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)

Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP)

Gustavo Granero, Secretario general

José Insaurralde, Secretario adjunto

Osvaldo Couceiro, Secretario de Organización

Analía Freund, Secretaria de derechos humanos
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